Madrid | 06/02/2014 – 19:07h

El Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles ha dictado una sentencia por la que condena al Ayuntamiento de Boadilla al pago de 96.314,15 euros a una trabajadora que sufrió acoso laboral.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima la demanda de la empleada y condena al Consistorio al pago de 81.437 euros por la «extinción del contrato de trabajo» y al abono de otros 14.877,15 euros por «daño moral».

La denunciante contaba con un contrato de personal laboral fijo y desempeñaba el puesto de técnico de Juventud. En la sentencia se recoge que sufría una situación de «hostigamiento tendente a menoscabar su dignidad», algo que se produjo desde el momento en el que le fue asignada la comisión de servicios «sin la percepción del salario que le correspondía».

Y es que, como detalla, a la denunciante se le encargó por parte del Ayuntamiento la elaboración del Plan Integral de Juventud, para lo que requería «comunicación muy fluida con su jefe inmediato y responsable último de la elaboración y puesta en funcionamiento del plan, el Concejal de Juventud, Deportes, Empleo y Formación, Adolfo Arias Javaloyes».

Sin embargo, según la sentencia, desde octubre de 2012 el concejal «se negó mediante cancelaciones o circunstancias análogas a reunirse con la frecuencia que la naturaleza del trabajo requería», lo que «implicó la paralización del desarrollo del plan».

Además, la sentencia incluye unas declaraciones del concejal que supuestamente le dijo a la denunciante, en el sentido de que se lo iban «a hacer pasar mal». «No podemos considerar probado que recibiera instrucciones o insinuaciones de terceras personas para no reunirse y frenar su trabajo, lo cierto es que él era plenamente consciente de la situación, dada su posición», añade.

Esa decisión de no reunirse con la trabajadora «constituye una voluntad consciente e intencionada, propia o ajena, de hostigar y menospreciarla, dejando vacío el contenido de su relación laboral con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte» y «motivada, en parte al menos, por la denuncia que había puesto al Consistorio en reclamación de las diferencias salariales que había dejado de percibir».

«DECISIÓN MUY JUSTA»

La denunciante ha calificado la sentencia, en declaraciones a Europa Press, como una «decisión muy justa». «Estoy contenta porque creo que se ha hecho justicia», ha añadido. «Es curioso pero parece mentira que esté celebrando como una victoria el quedarme sin trabajo después de haber pasado dos oposiciones y haber estado trabajando 20 años en un Ayuntamiento. He sentido que mi calidad de vida estaba por los suelos por culpa del acoso, por lo que no me merece la pena estar en un sitio que no me permite vivir», ha manifestado.

También ha reconocido que le preocupa su futuro laboral. «Tengo 47 años, el mercado laboral está fatal y no sé qué voy a hacer con mi vida. Estoy de baja, no sé qué va a ocurrir hasta que se produzca el recurso del Ayuntamiento», ha señalado después de afirmar que no descarta marcharse al extranjero.

La trabajadora ha considerado que todo responde a una «represalia» por haber sido testig» de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel y «una de las personas que denunció inicialmente la trama en el Ayuntamiento en enero de 2009».

EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ

El concejal de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Ruiz, ha anunciado a Europa Press que el Ayuntamiento presentará un recurso contra la sentencia porque «no se produjo acoso laboral».

«En la sentencia en ningún caso se dice que sea como consecuencia de Gürtel y, por supuesto, tampoco se dice que el concejal haya recibido alguna instrucción por parte de ningún responsable municipal y mucho menos del alcalde de Boadilla», ha explicado.

Ruiz ha indicado que en la sentencia se relaciona la denuncia por cuestiones salariales, «que fue desestimada por el Juzgado de Móstoles», con su trabajo para elaborar el Plan Integral de Juventud. «Encadena el tema del salario, que no es ajustado a derecho, junto con el hecho que el concejal debería haberse reunido más veces de las que estimó adecuadas», ha señalado.

«Estos dos hechos los enjuicia el juzgado como que se ha producido una situación incómoda, que califica como acoso laboral. Hay otros medios de prueba que aportamos en acto del juicio, que entendemos que el juez no ha valorado, entre otras cosas por la premura en dictar sentencia. La vista fue el 22 de enero y el 24 es la fecha de la sentencia. Aportamos cerca de 2.000 folios de pruebas y no se han tenido en cuenta», ha añadido.

Según Ruiz, «incomodidad» dentro del trabajo «no puede calificarse como acoso». «La relación del concejal con la trabajadora fue normal y nada tiene que ver con Gürtel. Ni el alcalde ni ningún responsable municipal dio instrucción para entorpecer la función de esa trabajadora», ha concluido.

LA OPOSICIÓN PIDE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL

Desde la oposición (Alternativa por Boadilla, PSOE y UPyD) han coincidido en reclamar la dimisión del concejal de Juventud. Los responsables de la formación magenta han instado al Consistorio a que «dada la claridad y rotundidad» de la sentencia, «se acate el fallo judicial».

A ello suman la petición de que el alcalde comparezca en el Pleno para «explicar cuantas cuestiones interesen en este asunto» y que, en el caso de que el concejal de Juventud no presente su dimisión, «se proceda a su cese».

Por su parte, APB y PSOE han pedido también la dimisión del alcalde, Antonio González Terol, por «no investigar», pese a que la empleada «se lo expuso en febrero de 2013 tal y como acredita la sentencia».

«Antonio González Terol ha negado siempre que hubiera acoso, descalificando y amenazando con querellas no sólo a la empleada acosada sino a toda la oposición, por preguntar por este asunto en el Pleno de septiembre de 2013. Tampoco ha explicado quién es la persona de la que había recibido instrucciones el concejal, tal y como establece también la sentencia», han señalado en un comunicado.

Consideran que los hechos son de «extrema gravedad desde un punto de vista democrático» y suponen «otro escándalo intolerable» en una de las administraciones «foco de la corrupción nacional». «Además este acoso supondrá un coste de 96.000 euros para el Consistorio, que debería ser asumido por los responsables y no por todos los vecinos», han indicado.

«Cualquier caso de acoso es inaceptable, pero este caso es especialmente grave por ser una de las testigos que contribuyeron a destapar el caso Gürtel. Este nuevo equipo de Gobierno pretende estar limpiando el municipio de las consecuencias del caso pero esta sentencia pone en evidencia que, en lugar de apoyar a los testigos, se les acosa y persigue», ha concluido el portavoz socialista, Pablo Nieto.

«Nosotros conocemos el calvario que ha pasado la trabajadora municipal y así lo ha reconocido la sentencia. No sólo lo conocemos nosotros, sino muchos cargos del PP», ha afirmado el portavoz de APB, Ángel Galindo.

Galindo ha pedido a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, «el cese inmediato» del alcalde «de todos sus puestos» en el Partido Popular de Madrid. «Igualmente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, debe exigirle que abandone su cargo de diputado de la Asamblea de Madrid», ha concluido.