Se trata de una sentencia pionera que condena a un funcionario del Instituto Español de Oceanografía por un delito de lesiones y contra la integridad moral
El Instituto trasladó a otro centro al trabajador víctima de ‘mobbing’, a pesar de que un informe del Ministerio de Educación recomendaba trasladar al acusado
Un grupo de trabajadores denunció en varias ocasiones ante directivos del organismo el clima laboral y la falta de medidas efectivas
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César P. sufrió durante años actos vejatorios por parte de un supervisor. La Audiencia Provincial de Santander acaba de confirmar una sentencia que condena a su acosador, funcionario del Instituto Español Oceanográfico en un centro de Santander, a dos años de cárcel y a pagar una multa de 41.000 euros a su víctima, además de suspenderle de su empleo y cargo público durante el tiempo de la condena. Según fuentes consultadas se trata de un fallo pionero, ya que apenas existen precedentes de condenas a prisión por ‘mobbing’.
La sentencia de la Audiencia ratifica un fallo anterior de un Juzgado de lo Penal de Santander, que considera probado que existieron «actos vejatorios reiterados que integran un trato degradante» y «menoscabo grave de la integridad moral, al sufrir la víctima sensaciones de sufrimiento psíquico humillante y envilecedor». La víctima sufrió episodios de angustia, ansiedad y depresión y llegó a causar baja durante casi un año y medio. Una incapacidad temporal que fue reconocida como la consecuencia de una situación de acoso en el trabajo.
Los actos vejatorios que ejerció el investigador condenado van desde trato despectivo, ordenamiento de trabajos de inferior cualificación con crítica negativa, vaciado de contenido del puesto de trabajo, prohibiciones inmotivadas, aislamiento, gritos y voces o puenteo, entre otras. La víctima también sufrió «humillaciones físicas innecesarias», como collejas y palmeos.
César P. estudia ahora junto con sus abogados emprender de nuevo acciones jurídicas, en este caso contra responsables del Instituto Español Oceanográfico, que ahora depende del Ministerio de Economia y Competitividad, por no tomar medidas efectivas para evitar una situación de acoso que el organismo conocía.
De hecho, un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia fechado en 2007 (el año en el que la víctima interpuso la denuncia, primero administrativa, y luego penal) al que ha tenido acceso eldiario.es, señalaba la existencia de «numerosos indicios de un comportamiento de una grave falta de consideración y, en caso de poder aportar testigos directos, de maltrato personal». Hablaba también de que durante años se habían producido «problemas graves» en las relaciones personales y profesionales que ocasionaron la solicitud de traslado de un amplio número de funcionarios y que existían «numerosos testimonios de quejas y denuncias».
El informe consideraba conveniente estudiar el traslado del acusado. Sin embargo, el Instituto trasladó a César P., al que movió a un edificio en el que, según reclamó, no podría desarrollar su especialidad. A día de hoy, el trabajador sigue desempeñando sus funciones en ese centro.
La responsable de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, califica la sentencia de «ejemplarizante»: «Es muy importante que la justicia se de cuenta de que estos problemas existen, también en el ámbito laboral y que se puede ir por esta vía penal porque se trata de conductas que hacen mucho daño a los trabajadores». Rufino señala que desde que el acoso laboral entró en el Código Penal en 2012, los trabajadores también pueden ir contra la empresa o administración en la que se produjeron los hechos.
Quejas de trabajadores
Tanto en 2006 como en 2008, un grupo de cerca de 30 trabajadores del Instituto en Santander se dirigieron por escrito al Director General del Instituto Español de Oceanografía como al Director del Centro Oceanográfico de Santander para hacerles conocedores de que un «extenso número de becarios, contratados y funcionarios» habían optado por el traslado e incluso a la renuncia de becas «por trato inapropiado y desconsiderado» por parte del funcionarios ahora condenado.
En su carta de 2008, los trabajadores expresaban su «preocupación e indignación» por la falta de medidas efectivas» y mencionaban, además, la gravedad del caso de César P. «Lo lamentable de esta situación es que tengamos que ser los propios compañeros y trabajadores de una institución los que debamos solicitar y reiterar a la Dirección del IEO para que tome una solución efectiva a estos problemas», decían.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el Instituto Español de Oceanografía, que no ha podido contestar aún con su versión de lo sucedido.
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